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Piden acción de inconstitucionalidad contra “Ley de la Familia”
Ayer 15 ONG’s y la diputada priista Rocío García Olmedo se reunieron con Marcia Maritza Bullén, titular de la Comisión de Derechos Humanos para pedir que interponga el recurso.
Jorge Machuca
foto: Luis Hernández
15 organizaciones no gubernamentales y la diputada priista Rocío García Olmedo, solicitaron ayer a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla que interponga una acción de inconstitucionalidad para revertir los cambios hechos a la Constitución local que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte.
Integrantes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Red Democracia y Sexualidad Puebla (Demysex) y otras 13 organizaciones civiles, se entrevistaron con la presidenta de la CDH, Marcia Maritza Bullen Navarro, quien sin tomar posición a favor o en contra de la propuesta, prometió dar a conocer si la apoyará o no a más tardar el martes próximo.
Brahim Zamora, portavoz de Demysex, explicó que más de un centenar de firmas apoyan la petición, y mientras la CDH define si acepta la propuesta e integra la acción de inconstitucionalidad, los activistas buscarán a todos los diputados que votaron en contra de la reforma publicada en el Periódico Oficial del estado el pasado 4 de junio.
“Las organizaciones civiles ofrecemos todo el respaldo técnico y jurídico que se necesite para que vaya bien complementada la acción de inconstitucionalidad”.
De hecho, es un mes después de la oficialización de los cambios a la Constitución –4 de julio- cuando vencerá el plazo para que se ingrese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad, que a decir de Marco Antonio Moreno Rosado, abogado de las organizaciones involucradas, de interponerse pondría en evidencia que en el Congreso local se legisló al vapor y que el cambio al artículo 26 de la Constitución poblana viola acuerdos internacionales, además de la Carta Magna y otras normas secundarias, federales y estatales.
Zamora explicó que en caso de que no prospere la petición, las organizaciones no gubernamentales promoverán por medio de sus integrantes juicios de amparo, como una estrategia alterna para frenar la aplicación de la reforma constitucional.
La diputada Rocío García Olmedo, que suscribió la petición que se elaboró con la asesoría del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), confirmó que esta semana buscará entrevistarse con la ombudsman poblana para coadyuvar a convencerla de que existen elementos jurídicos suficientes para que se presente la acción de inconstitucionalidad y prospere; “espero que actúe con mucha sensibilidad”.
La legisladora tricolor recordó que la petición cuenta también con el respaldo de organizaciones no gubernamentales de 13 estados, “y más ciudadanos están sumando”; añadió que posteriormente tiene planeado realizar foros y mesas de debate respecto al tema.
Mientras, en la sede de Demysex, Juan de Palafox 412, despacho 9A, se siguen recabando firmas de ciudadanos que deseen apoyar la promoción de la acción de inconstitucionalidad en contra de la también llamada “Ley de la Familia” o “Ley Bailleres”.
Argumentos legales
De acuerdo al documento presentado ante la CDH, de que posee una copia esta casa editorial, se argumenta que se transgreden los derechos humanos “de las mujeres contenidos en diversos tratados y convenciones internacionales, así como en leyes federales y locales que fueron reconocidos (…) por el sistema jurídico mexicano”.
La reforma a una docena de artículos de la Constitución poblana que aprobó el Congreso local el 12 de marzo, con la que la vida humana está protegida en Puebla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, según Demysex “afecta a los derechos de las mujeres al criminalizarlas en los casos en que decidan sobre sus cuerpos y que dichos casos no sean los previstos en las leyes”.
Además, “impide el avance legislativo sobre el tema de derechos reproductivos de las mujeres en Puebla y, por ende, en México, avance que ha sido recomendado al Estado mexicano desde los organismos internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país forma parte adhiriéndose y ratificando tratados y convenciones internacionales que no han sido cumplidas”.
En el documento entregado a la CDH, se cita que con la reforma se viola el artículo 12 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): “los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.
Y se indica que “los abortos inseguros constituyen una amenaza grave a la salud de las mujeres: entre el 10 y el 50 por ciento de las mujeres que han padecido abortos inseguros requieren atención médica post-aborto por complicaciones tales como: abortos incompletos, infecciones, perforaciones uterinas, enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragias, u otras lesiones de los órganos internos”.
En la observación general número 28 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, añade el documento, “la penalización de todo aborto, sin excepción, plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas (…) el Estado parte, está en el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo (…) el Comité recomienda que se revise la ley para establecer excepciones de la prohibición general de todo aborto”.
Integrantes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Red Democracia y Sexualidad Puebla (Demysex) y otras 13 organizaciones civiles, se entrevistaron con la presidenta de la CDH, Marcia Maritza Bullen Navarro, quien sin tomar posición a favor o en contra de la propuesta, prometió dar a conocer si la apoyará o no a más tardar el martes próximo.
Brahim Zamora, portavoz de Demysex, explicó que más de un centenar de firmas apoyan la petición, y mientras la CDH define si acepta la propuesta e integra la acción de inconstitucionalidad, los activistas buscarán a todos los diputados que votaron en contra de la reforma publicada en el Periódico Oficial del estado el pasado 4 de junio.
“Las organizaciones civiles ofrecemos todo el respaldo técnico y jurídico que se necesite para que vaya bien complementada la acción de inconstitucionalidad”.
De hecho, es un mes después de la oficialización de los cambios a la Constitución –4 de julio- cuando vencerá el plazo para que se ingrese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad, que a decir de Marco Antonio Moreno Rosado, abogado de las organizaciones involucradas, de interponerse pondría en evidencia que en el Congreso local se legisló al vapor y que el cambio al artículo 26 de la Constitución poblana viola acuerdos internacionales, además de la Carta Magna y otras normas secundarias, federales y estatales.
Zamora explicó que en caso de que no prospere la petición, las organizaciones no gubernamentales promoverán por medio de sus integrantes juicios de amparo, como una estrategia alterna para frenar la aplicación de la reforma constitucional.
La diputada Rocío García Olmedo, que suscribió la petición que se elaboró con la asesoría del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), confirmó que esta semana buscará entrevistarse con la ombudsman poblana para coadyuvar a convencerla de que existen elementos jurídicos suficientes para que se presente la acción de inconstitucionalidad y prospere; “espero que actúe con mucha sensibilidad”.
La legisladora tricolor recordó que la petición cuenta también con el respaldo de organizaciones no gubernamentales de 13 estados, “y más ciudadanos están sumando”; añadió que posteriormente tiene planeado realizar foros y mesas de debate respecto al tema.
Mientras, en la sede de Demysex, Juan de Palafox 412, despacho 9A, se siguen recabando firmas de ciudadanos que deseen apoyar la promoción de la acción de inconstitucionalidad en contra de la también llamada “Ley de la Familia” o “Ley Bailleres”.
Argumentos legales
De acuerdo al documento presentado ante la CDH, de que posee una copia esta casa editorial, se argumenta que se transgreden los derechos humanos “de las mujeres contenidos en diversos tratados y convenciones internacionales, así como en leyes federales y locales que fueron reconocidos (…) por el sistema jurídico mexicano”.
La reforma a una docena de artículos de la Constitución poblana que aprobó el Congreso local el 12 de marzo, con la que la vida humana está protegida en Puebla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, según Demysex “afecta a los derechos de las mujeres al criminalizarlas en los casos en que decidan sobre sus cuerpos y que dichos casos no sean los previstos en las leyes”.
Además, “impide el avance legislativo sobre el tema de derechos reproductivos de las mujeres en Puebla y, por ende, en México, avance que ha sido recomendado al Estado mexicano desde los organismos internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país forma parte adhiriéndose y ratificando tratados y convenciones internacionales que no han sido cumplidas”.
En el documento entregado a la CDH, se cita que con la reforma se viola el artículo 12 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): “los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.
Y se indica que “los abortos inseguros constituyen una amenaza grave a la salud de las mujeres: entre el 10 y el 50 por ciento de las mujeres que han padecido abortos inseguros requieren atención médica post-aborto por complicaciones tales como: abortos incompletos, infecciones, perforaciones uterinas, enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragias, u otras lesiones de los órganos internos”.
En la observación general número 28 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, añade el documento, “la penalización de todo aborto, sin excepción, plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas (…) el Estado parte, está en el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo (…) el Comité recomienda que se revise la ley para establecer excepciones de la prohibición general de todo aborto”.
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